El 15 de septiembre, primero, y luego el pasado día 17, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que “a finales de octubre” presentará su plan nacional de seguridad pública, tarea que estará encomendada al futuro secretario del ramo, Alfonso Durazo. Es improbable que este plazo se cumpla, por la complejidad de la agenda (consulta aeroportuaria, cortes de agua, caravana migrante…), pero especialmente, porque no parece estar lista una nueva estrategia coherente en este campo.

Los retazos de programa difundidos por el propio López Obrador y por Durazo no han enviado señales de tranquilidad a las partes involucradas, antes al contrario. El equipo parece perdido en un laberinto de ideas vagas, foros descarrilados, definiciones a medias, personajes disímiles y atribuciones desproporcionadas.

La transición de terciopelo que parecen haber pactado el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto y el entrante de López Obrador ha impedido incluso contar con un balance crítico sobre las condiciones en que se estará recibiendo el problema de inseguridad, con las cifras más altas desde que se tiene registro y señales desbordadas de corrupción en los ámbitos federal y estatales.

El intento de asesinato contra el cardenal emérito Norberto Ribera, dictado por una mafia radicada en el Estado de México, sumado a la ola de ejecuciones en la capital del país, dan cuenta de cómo se ha desatado el crimen organizado en el corazón mismo de la República.

Nadie en el equipo de López Obrador refiere que en la última semana de enero el entonces flamante secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, acompañado de su nuevo director del Cisen, el también mexiquense Alberto Bazbaz, ofrecieron al presidente Peña Nieto, en una reunión privada en Los Pinos, que “antes de las elecciones” se lograría la captura de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que se constituyó, sin duda alguna, en el “cártel favorito” del sexenio, a juzgar por su expansión en todo el país.

Esa fue la herencia de la “supersecretaría” confiada en manos de Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación y ahora coordinador de la disminuida fracción del PRI en el Senado.

Durazo Montaño estaría detallando la integración de otra “supersecretaría”, la de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (como la bautiza la reforma legal en curso), que pretenderá coordinar a las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, la Guardia Nacional, la Agencia Central de Inteligencia, el sistema de penales federales y las policías estatales, en una especie de mando único con implicaciones operativas muy complejas y políticamente explosivas.

Los dineros públicos asignados al sector son suficientes como para marear al más ecuánime, incluso enajenarlo, como parece haber ocurrido en el pasado inmediato. El gasto anual de la Policía Federal ronda los 25 mil millones de pesos. El de los penales federales, 14 mil millones anuales, a los que se suman adeudos eternos con los llamados penales concesionados, estimados en otros 7 mil millones de pesos, de acuerdo con datos aportados a este espacio. Estos penales, construidos por empresarios favoritos del régimen, cobran una cuota fija, sea que alberguen a un solo reo o que operen al máximo de su capacidad. En la bolsa del sector hay que agregar cerca de 24 mil millones de pesos que le cuesta al país el Cisen, radicado actualmente en Gobernación, pero que será insertado en la Agencia Central bajo el mando de Durazo y que incluirá a otras entidades federales que desarrollan inteligencia ahora para el Estado mexicano.

Con semejante plataforma, no es casual que desde ahora se le atribuyan al señor Durazo aspiraciones para ser el próximo gobernador de su entidad natal, Sonora, a partir de 2021 y luego, dicen sus muchos promotores, aspirante presidencial en 2024.

APUNTES: Hay varias ironías encerradas en la pretensión de Álvaro Augusto Pérez de ser reelecto al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un proceso que ya arrancó con la presentación de diversas candidaturas, la de él entre ellas. El primero de los conflictos que enfrenta es que viola el mandato de defender el Estado de Derecho, pues la nueva Constitución le impide ser reelecto, pero se está refugiando en un recoveco legal que debe darse por derogado en automático. El segundo aspecto, grave también, es el mediocre desempeño observado durante su gestión, que frenó ajustes ante el nuevo sistema penal. Para quien busque le será difícil encontrar una aportación relevante del magistrado Pérez. Acaso su legado acabe siendo hundir al Tribunal en una controversia constitucional en la que la Corte defina el destino de este personaje ambicioso, al servicio de los grupos políticos que durante la gestión del señor Miguel Mancera y sus operadores convirtieron a la ciudad en botín.