Dice el refranero político: “En política, es barato todo lo que se resuelve con dinero”.
Dice el refranero popular: “Con dinero baila el perro”.
Y dice “la mala leche” de las redes: “La boca del político siempre se cierra con un billete”.
Cualquiera que haya sido el caso, vale la referencia a propósito de la peculiar solución político-económica que encontró el gobierno federal al conflicto de la supuesta persecución presupuestal contra el gobierno de Chihuahua.
Y es que no sabemos si se trató de una estratagema bien pensada y diseñada “por nota” o de una respuesta desesperada del gobierno federal.
Lo cierto, sin embargo, es que la percepción que flota en el ambiente es que con un billete de 900 millones de pesos le cerraron la boca al gobernador Javier Corral y —al mismo tiempo— se probó que tanto la justicia, como el mandatario estatal, tienen precio.
Como saben, el gobernador de Chihuahua denunció una supuesta persecución presupuestal del gobierno federal en respuesta —según dijo— a que su administración emprendió una purga contra los corruptos del PRI en Chihuahua.
Y es que a través de su “fiscal carnal” —grosera manipulación del Poder Judicial estatal—, Javier Corral montó una persecución contra Manlio Fabio Beltrones, ex presidente del PRI, a través de la detención de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del mismo partido, a quien se imputó el supuesto desvío de recursos públicos con fines electorales.
El escándalo llegó a escalas dictatoriales cuando se denunció que Alejandro Gutiérrez había sido torturado por el gobierno de Chihuahua —para inculpar a otros líderes del PRI—, y cuando el gobernador Corral inició una feroz persecución contra la prensa local y nacional crítica de su gestión.
En medio de esa crisis política, de seguridad y gobernabilidad —y ante los más elevados niveles de violencia que ha vivido Chihuahua—, el gobernador Corral estiró la cuerda al máximo al iniciar una supuesta “caravana de la dignidad” para exigir que el gobierno federal le entregara 900 millones de pesos y que no obstaculizara la detención de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua.
En los hechos, “la caravana” fue un vulgar chantaje político, electoral y económico y, al mismo tiempo, parte de la campaña del precandidato Ricardo Anaya, contra el gobierno federal y contra el PRI.
Repentinamente, la noche del pasado sábado, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador Javier Corral, firmaron un acuerdo que incluye la entrega de 900 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, a cambio de que el gobernador Corral accediera a trasladar a Alejandro Gutiérrez a una prisión federal, en tanto la Federación acelera la extradición de César Duarte.
En pocas palabras, el gobierno federal encontró una solución al conflicto con el gobierno de Chihuahua que pasa por la exhibición pública del chantaje y por la confirmación de que tienen precio el gobierno de Chihuahua y su gobernador.
¿Qué no es ese tipo de impunidad y de chantajes lo que cuestiona el candidato Ricardo Anaya? ¿Qué debemos entender luego de ese desenlace?
1. Que, en efecto, “con dinero baila el perro”, que es cierto que “en política es barato todo lo que se resuelve con dinero” y que “la boca de un político se cierra con un billete”.
2. Queda exhibido que, en efecto, el gobernador Javier Corral montó un chantaje político electoral donde lo último que importa es castigar la corrupción y a los corruptos.
3. Y es que a cambio de 900 millones de pesos, Corral se olvidó de los corruptos y de las corruptelas. ¿Por qué? Porque al más puro estilo dictatorial, entregó a un supuesto “pez gordo” del PRI, con lo que olvidó el origen de su protesta, la gritería, la caravana y hasta el gasto millonario del dinero público para el circo.
4. Y resultó de tal eficacia la estratagema diseñada por la secretaría de Gobernación que hasta los aliados mediáticos de Javier Corral denunciaron la claudicación del gobernador de Chihuahua, que no significó otra cosa que impunidad y poner precio a la justicia.
5. Curiosamente “la solución” al conflicto de Chihuahua se produjo al tiempo que uno de los medios aliados de Andrés Manuel López Obrador —el semanario Proceso—, hizo relevaciones escandalosas sobre un presunto desvío de dinero publico por parte de Ricardo Anaya, el candidato de la alianza PAN, PRD y MC.
6. Y por casualidad, el PRI difundió —a manera de spot—, un discurso de Ricardo Anaya en el que elogia sin freno a José Antonio Meade.
¿Y la crisis der violencia e inseguridad que vive Chihuahua?
¡Les vale madre!
Al tiempo.