Las señales desde la cúpula del poder son muy claras. La Procuraduría General de la República dice tener los elementos suficientes para iniciar el proceso contra Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero.

Más allá de lo que se investiga aún en España y en los Estados Unidos, las autoridades judiciales mexicanas reportan que existen las evidencias suficientes para indiciar y abrir juicio.

El cuestionamiento en el war room oficial es si es políticamente conveniente destapar ese proceso, que inevitablemente llevaría a Anaya a tener que salir de la boleta presidencial 2018.

Y allá arriba las opiniones están divididas. La mitad de los que evalúan el caso dicen que la PGR está obligada a actuar sin importar los pros y contras políticos del caso.

Que sería lamentable que, una vez más, se adelantaran otros países a ejecutar denuncias contra políticos mexicanos, antes que el gobierno de nuestro país. Ahí están los casos de Duarte-Guatemala, Yarrington-Italia y Borge-Panamá.

Pero la otra mitad de los analistas, dentro de los war rooms que analizan el delicado caso, advierten que bajar a estas alturas a Anaya de la contienda electoral generaría un disturbio político de consecuencias impredecibles.

Sobre todo en momentos en que el candidato de Por México al Frente, por convicción o por conveniencia, es el único de los cuatro candidatos que tiene amenazado con cárcel al presidente Enrique Peña Nieto.

Una acción que, dicho sea de paso, luce incongruente con un candidato que por un lado promete fiscal independiente y por el otro se auto designa juez, que ya sentenció a un inculpado al que todavía no se le da derecho de defensa.

Pero al margen de eso, quienes defienden el sostener a Anaya en la boleta y sin juicio inmediato por el Caso Barreiro, explican que la acción sería similar a aquella intentona de 2005 para desaforar a Andrés Manuel López Obrador para excluirlo de la boleta presidencial.

Al final del día la iniciativa de Vicente y Marta Fox fue descarrilada, y el desenlace político de la contienda presidencial de entonces acabó por dirimirse en las urnas. Haiga sido como haiga sido.

Hay una tercera posibilidad. Que frente a lo que es evidente y que Anaya tendría que enfrentar antes o después de la elección, se pacte una salida negociada.

Y que el llamado Joven Maravilla, de motu propio, decida excluirse de la contienda. Algo así como salirse del juego sin necesidad de que los adversarios disparen la pistola.

Dentro del mismo círculo cercano de Anaya las opiniones también están divididas.

En una esquina quienes dicen que hay que desafiar al sistema, que no hay que claudicar en la cruzada anti corrupción, cueste lo que cueste. Morir en la raya.

Porque su apuesta es que ese reposicionamiento anti-Peña del candidato de Por México al Frente le dará el sprint necesario con el más de 20 por ciento de indecisos.

Y en la otra están los cercanos que le dicen que no hay que arriesgar más lo construido hasta ahora. Que por el bien de lo que queda del PAN hay que hacerse a un lado, dejar que la contienda se defina entre López Obrador y Meade, cobrando caro la factura.

Y ese cobro pasa, inevitablemente, por retener el control de un PAN al que aquellos que hace meses lo abandonaron, están convertidos hoy en los buitres que se aprestan ya, sobre el cadáver del Joven Maravilla, a reasumir su control.