CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El panista Ricardo Anaya Cortés puede ser el próximo presidente de México. Por eso él, como todos los que ambicionan ese cargo, deben ser sometidos a un riguroso escrutinio para que la sociedad sepa si lo que ofrecen se corresponde con su biografía.
Y en el caso del Anaya, postulado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se trata de un político truculento e inescrupuloso, que tiene impreso el sello de la traición, pero también un sujeto peleado con la transparencia y la rendición de cuentas.
Lo anterior se muestra no sólo en el documentado reportaje de Proceso sobre la fundación que creó en 2009 en Querétaro y que derivó en un millonario negocio para sus amigos constructores, sino también en su declaración patrimonial oficial cuando fue subsecretario de Turismo, en el gobierno de Felipe Calderón.
El 30 de noviembre de 2015, tras asumir la presidencia del PAN, publiqué, también en este semanario, que Anaya omitió incluir en su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2011 y 2012, una de las empresas de la que es copropietario: Cintla S de RL de CV.
Anaya se había convertido en socio de esa empresa en 2011, justo cuando se incorpora al gobierno de Calderón, pero ni en su declaración patrimonial inicial de ese año ni en la que corresponde a la de 2012 informó de ella, aún se puede verificar en el registro de seguidores públicos de la SFP.
El presidente del PAN negó que no haya declarado esa empresa, pese a que en los formatos públicos se precisa que “toda la información fue capturada por el servidor público”, y atribuyó la omisión al “un auténtico desastre” que reinaba en la Secretaría, entonces encabezada por Virgilio Andrade.
“Yo sí declaré eso. Yo jamás mentí. No entro en detalles, pero esta Secretaría es un auténtico desastre”, me dijo y aseguró también que en sus declaraciones no autorizó hacer públicos sus bienes.
“¡Yo ni siquiera autoricé que se hicieran públicos! Obviamente eso ya no lo voy a pelear, ya son públicos. Pero, uno, yo nunca lo autoricé, y dos, ni siquiera la publicaron completa. Ahorita entré al sitio y revisé la de otras personas y no soy el único al que le cortan las observaciones. Yo pido que mi versión conste. Aquí tengo mi original y sí declaré esa empresa”.
–¿En qué declaración, la de 2011 o 2012?
–Las dos. Tanto 2011 como 2012. No estoy diciendo que Proceso me esté inventando algo. Lo que estoy diciendo es que lo que está ahí no es cierto.
En la conversación me dijo inclusive que exigiría que la secretaría hiciera la corrección, aunque, como ya se dijo, los datos son capturados por el propio servidor público. Cualquier persona que entre al sitio de servidorespublicos.gob.mx podrá verificar que nunca hizo la modificación.
La razón es muy sencilla: Anaya es un truculento político opuesto a la transparencia, como consta en este episodio, pero también en el caso de la Fundación por más humanismo, que fue creada sin fines de lucro, pero que sirvió para un negocio millones para sus amigos constructores Ahraham Jaik Villarreal y Eduardo de la Guardia Herrera, tal como lo publicamos en Proceso.
En vez de aclarar esta operación, cuyas triangulaciones económicas deben ser investigadas por las autoridades, Anaya se escabulle alegando que se trata de guerra sucia del PRI, una variable de la teoría del complot que le atribuyen a Andrés Manuel López Obrador.
Estos dos episodios, vinculados a un mínimo ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, evidencian que Anaya es un simulador y los propios panistas lo saben: No es de fiar.
