En la agenda de Washington el combate a las drogas ha sido factor clave para el retorno de los militares a tareas de seguridad interna, sostiene la especialista en seguridad y derechos humanos Mónica Serrano, quien asegura que como presidente, López Obrador tendrá una situación más complicada con las Fuerzas Armadas que sus antecesores. La manera en que el Ejército y la Marina actuarán, sentencia, no está siquiera en manos del que será su próximo comandante en jefe, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sus ministros van a definir los alcances de la Ley de Seguridad Interior.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Como sus antecesores, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador estará acotado frente a los militares. Incluso más. La dependencia creciente en las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ha ampliado los espacios castrenses ante los presidentes, pese a los casos de violaciones a los derechos humanos. Aunque él mismo ha referido que en su gobierno habrá “un Ejército de paz”, los militares seguirán como actores centrales en el combate a la delincuencia organizada. Al menos en el mediano plazo.
La manera en que el Ejército y la Marina actuarán no está siquiera en manos del que será su nuevo comandante en jefe, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los ministros del máximo tribunal van a definir los alcances de la Ley de Seguridad Interior.
Ese instrumento legal, peleado por los militares desde la década pasada para su confrontación con la delincuencia organizada, ha sido defendido por los próximos secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división Luis Cresencio Sandoval González; y de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, designados el lunes 22 por el presidente electo.
“Como presidente, López Obrador tendrá una situación más complicada con las Fuerzas Armadas que sus antecesores. En años recientes los militares han ganado espacios e influencia y al mismo tiempo hay grandes exigencias de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, dice Mónica Serrano, investigadora de El Colegio de México, especialista en seguridad y derechos humanos.
Las relaciones entre civiles y militares en México pasan además por la política antinarcóticos de Estados Unidos y eso significa que la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas puede ser en los términos que le interesen a ese país, como ha ocurrido en Colombia, observa Serrano.
En entrevista telefónica con Proceso desde Bellagio, Italia, donde realiza una investigación sobre derechos humanos y la política de drogas de Estados Unidos, Serrano asegura que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han ganado presupuesto, presencia y prerrogativas a consecuencia de su participación en el combate al narcotráfico.
“Los militares tienen ahora más poder político. La relación entre civiles y militares se ha alterado. No se puede explicar de otra manera que el presidente electo se haya presentado en los cuarteles centrales de los mandos del Ejército y la Marina. Se cuadró”, dice la investigadora en coincidencia con el reportaje “AMLO se cuadra”
