Aguaruto: complicidad oficial

Las investigaciones sobre la fuga de cinco integrantes del Cártel de Sinaloa del penal de Aguaruto en el municipio de Culiacán, ya confronta a la Federación con el gobierno de ese estado que encabeza el priista Quirino Ordaz Coppel, quien, a menos de tres meses de haber asumido el cargo, ya encara su primera crisis.

En las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la fuga de Juan José Esparragoza Monzón “El Negro”, Rafael Guadalupe Félix Núñez “El Changuito Ántrax”, Jesús Peña González “El 20”, Alfonso Limón González “El Limón” y Francisco Javier Zazueta “Pancho Chimal”, se ha dejado de lado la participación de la Fiscalía General del estado de Sinaloa.

Todas las pesquisas que realiza la PGR en torno al caso ocurrido el pasado 16 de marzo se están llevando a cabo con sigilo, sin dar parte a la autoridad ministerial local, ante la presunción de una red de corrupción desde el gobierno estatal, que pudo haber facilitado la evasión de los cinco reos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Aun cuando en el deslinde el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel ha señalado que los penales recibidos de la administración de su antecesor Mario López Valdez, se encontraban “en condiciones caóticas”, el gobernador de Sinaloa ha aceptado públicamente la existencia de corrupción dentro del sistema carcelario estatal.

“Es una muestra de debilidad del sistema penitenciario, del rezago que hay, la corrupción que existe, la complicidad que se hizo patente y es a eso a lo que tenemos que dar la vuelta”, señaló el gobernador.

Y justamente a eso es lo que parece que la PGR pretende dar vuelta, al no hacer partícipe al gobierno estatal de sus investigaciones.

Por esa razón, la PGR desplegó un grupo de investigación, con dos agentes del Ministerio Público a cargo, a fin de realizar las pesquisas que se han centrado en las declaraciones de todo el personal del penal que se encontraba en actividades al momento de la fuga, en donde ya se han realizado más de 60 interrogatorios.

De estos interrogatorios, la PGR no ha dado conocimiento a la autoridad estatal, la que se ha mantenido en reserva sobre el caso, sobre todo luego que se ha abierto la posibilidad de que sean  llamados a declarar funcionarios del primer nivel encargados tanto del sistema penitenciario del estado como de la Policía Ministerial.

Por su parte, el gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel ha salido al paso de las sospechas fundadas de corrupción en el sistema penitenciario local, señalando que se habrá de realizar una investigación a fondo sobre las conductas de al menos media docena de funcionarios estatales de la pasada administración.

De acuerdo con el subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, una vez que concluya la investigación de la PGR, a fin de no entorpecerla, se habrá de proceder con una averiguación en la esfera estatal, que busca esclarecer quiénes han propiciado los actos de corrupción que han facilitado esta y otras fugas.

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría de Justicia del estado de Sinaloa, la de Juan José Esparragoza Monzón y cuatro de sus socios no es la primera fuga que se registra en el penal de Aguaruto; desde el 2005 a la fecha, se han registrado 59 actos de evasión de reos, de los cuales 49 actualmente en encuentran prófugos.

Los datos del gobierno estatal revelan que, en esta prisión, en donde actualmente se encuentran dos mil 448 internos, de los que 522 están procesados o sentenciados por delitos del fuero federal, la mayoría con amparos que impiden que sean trasladados a una cárcel federal de máxima seguridad. Se han impedido ocho intentos de evasión, solo en los últimos dos años.

Las pesquisas los confrontan

Bajo el pretexto de que los cinco fugados el pasado 16 de marzo son reos federales, la PGR es la que se ha hecho cargo de las investigaciones para tratar de establecer responsabilidades, pero, en realidad, confió una fuente extraoficial del gobierno federal, la Federación asumió las investigaciones ante la presunción de complicidades de funcionarios estatales en el pasado evento.

Para la PGR no ha sido suficiente la medida dictada por el gobernador del estado de cesar al director del penal, Víctor Manuel Flores Díaz Bonilla, y a 10 de los custodios encargados del turno al momento de los hechos.

La dependencia federal va por más: trata de investigar quiénes propiciaron las condiciones de la fuga.

Pese a la disposición manifiesta del gobierno estatal de colaborar con los trabajos de la PGR, esto no ha sido posible pues ni siquiera se han podido proporcionar los videos de vigilancia del penal, bajo el argumento de que el sistema del C-4 (Centro de Cómputo, Comando y Control) no estaba en operación cuando Esparragoza Monzón salió del cautiverio.

A esto se suma la falta de registros en la bitácora de visitas, que no especifica qué personas visitaron a los reos en cuestión días antes de la fuga, ni tampoco se tiene registro sobre las actividades de estos presos en los últimos días de estancia dentro del penal, en donde también destaca la falta de información sobre su conducta.

Esto lo justificó el subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, quien luego de reconocer la vulnerabilidad en la que fue entregado el sistema penitenciario, argumentó que “es muy complicado cambiar el sistema penitenciario de la noche a la mañana, debido a una herencia de malos manejos que venimos arrastrando”.

El Penal de Aguaruto no contaba con director aun cuando ya estaba recluido en el sitio Juan José Esparragoza Monzón.

El gobierno estatal designó provisionalmente como director de ese penal a Francisco Martínez Reyes, quien renunció al cargo dos días después de haberlo asumido.

Sospechaban de la fuga

De acuerdo con versiones de funcionarios de la PGR que participan en la investigación de la fuga de los cinco reos del Cártel de Sinaloa, el gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel pudo haber incurrido en omisión, pues se sabía, si no de las intenciones, sí de los riesgos de evasión de Juan José Esparragoza Monzón, el hijo de “El Azul”, quien fue reconocido inmediatamente como jefe dentro de la población carcelaria apenas ingresó.

Al considerar que dentro de la prisión Esparragoza Monzón podría mantener un liderazgo entre la población carcelaria, por su estatus de jefe de cártel, el gobierno estatal optó por trasladar de la cárcel de Culiacán a quienes se consideró que podrían ser sus respaldos en sus intenciones ilícitas.

Por eso se ordenó el traslado a una cárcel de Los Mochis a Rafael Guadalupe Félix Núñez “El Changuito Ántrax” y Alfonso Limón González “El Limón”.

La orden de traslado de “El Changuito Ántrax” y “El Limón”, se ejecutó dos días después de la llegada de “El Negro” al Penal de Aguaruto, pero dos semanas después, aun no se sabe la razón, el que es jefe del grupo de sicarios conocidos como Los Ántrax y el operador financiero del Cártel de Sinaloa, ya estaban de regreso en el Penal de Aguaruto.

Fue a partir del reingreso de “El Changuito Ántrax” y “El Limón” a la cárcel de Aguaruto que el sistema de videovigilancia dejó de operar y se dejaron de llevar los registros puntuales, tanto de las actividades de los reos, como de sus visitas, fuera en el área de locutorios en los módulos de visita familiar.

Como complemento al estado de ingobernabilidad que ya se registraba al interior de la cárcel de Culiacán, el gobierno estatal de Sinaloa, pese a su tesis de peligrosidad con la que se podía conducir Juan José Esparragoza Monzón, no hizo nada por reforzar las medidas de seguridad, continuando con la operación del penal con solo 30 custodios por turno.

En este sentido, la PGR realiza investigaciones sobre la razón por la que el día de la fuga se distendió la seguridad, pues al menos 11 de los 30 custodios designados al turno no se encontraban en sus puestos asignados, incluso existe una línea de investigación que apunta a la posibilidad de que seis custodios hayan solicitado licencia médica para dejar sus puestos de vigilancia.

Dudas en el aire

La forma en que los cinco reos se evadieron del Penal de Culiacán aún no ha sido esclarecida por la PGR, pero se fortalecen las dos tesis iniciales que fueron planteadas por la propia Secretaria de Seguridad Publica del estado de Sinaloa, en donde se señalan las posibilidades de que hayan salido por la puerta principal o escondidos en vehículos oficiales.

Sobre la primera de las versiones, se apunta en las investigaciones de la PGR, los cinco reos pudieron haber salido vestidos de civiles, confundidos entre las visitas familiares que el día de los hechos acudieron a ver a sus internos. Y es que, tras el anuncio vertido en redes sociales de que se había dado una fuga de ese penal, el personal de custodia desalojó a los visitantes en forma inmediata y sin control.

La otra posibilidad, la que apunta a que los reos salieron escondidos en vehículos oficiales o del personal adscrito a la dirección del penal, que también implica la corrupción de personal de custodia, se deja ver tras la autorización del jefe de custodios, José Mario Murillo Rodríguez, para permitir la salida de unidades del interior de la cárcel, sin la debida revisión.

El jefe de custodios, de acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa, no se ha localizado desde el pasado 16 de enero por la noche, luego que se dio el aviso de fuga a la Procuraduría General de la Republica, un aviso que ocurrió siete horas después de que se notara la ausencia de los cinco reos señalados.

De acuerdo con la versión del subsecretario, Cristóbal Castañeda, el ejecutivo estatal supo de la fuga de los cinco internos por una llamada recibida en el número de emergencia 911, en donde una voz anónima denunció el escape, tomando como base la información que se difundió ampliamente en redes sociales, a través de twitter y Facebook.

Fue hasta que las redes sociales difundieron la fuga de los cinco internos, casi tres horas después de ocurridos los hechos, cuando el gobierno estatal comenzó con la aplicación de protocolos para intentar preservar el control del penal, el que siempre estuvo bajo el dominio de los internos.

Una cárcel cómoda

La prisión estatal de Aguaruto es considerada en el mundo carcelario como un penal controlado por el Cártel de Sinaloa. Por esa razón, la mayoría de los procesados en diversas cárceles estatales y federales, acusados de ser integrantes del Cártel de Sinaloa, siempre intentan amparos para ser recluidos en ese lugar.

De acuerdo con un funcionario del área jurídica de la cárcel de Culiacán, en los últimos tres años, la cárcel estatal de Aguaruto ha recibido a por lo menos 170 internos que estaban recluidos en cárceles estatales y federales de diversos puntos del país, los que argumentaron el derecho constitucional de estar cerca de sus domicilios durante el desarrollo de su proceso.

La mayoría de internos que han ganado amparos, en donde un juez los asignó a la cárcel de Culiacán, provienen de las prisiones federales de Matamoros, Puente Grande, en Jalisco, y Tepic, así como de las cárceles estatales de Hermosillo, Guadalajara, Tepic, El Pueblito, en Tijuana, Manzanillo y Mazatlán.

Este reclamo de los internos ha venido en aumento, después del 2012, cuando el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió “que hay un derecho fundamental a cumplir las penas privativas de libertad en prisión cercana al domicilio, sujeto a lo que se establezca en leyes razonables”.

De ese principio se han valido cientos de internos para ser recluidos en la cárcel de Culiacán, en donde la corrupción expuesta llegó a hacer de esta una prisión de lujo, en donde los jefes del Cártel de Sinaloa, con su autogobierno, hicieron posible que los reos tuvieran al interior de sus celdas equipo de sonido y video de alta calidad, así como acceso a bebidas alcohólicas, drogas, armas, telefonía móvil y prostitución.

La condición de autogobierno en las cárceles estatales ya había sido advertida por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la recomendación número 18 del 21 de diciembre del 2010, cuando se señalaron las cárceles de 18 estados, entre ellos, Sinaloa.

Acusan acuerdo entre gobierno y delincuencia

Para el diputado federal panista, Federico Döring Casar, integrante de la comisión de Seguridad Pública, el gobierno estatal de Sinaloa no ha sido lo suficientemente claro en torno a las explicaciones que requieren en el caso de la fuga de los cinco integrantes del Cártel de Sinaloa de la cárcel de Culiacán.

Para el diputado panista, el gobernador Quirino Ordaz Coppel debe dar una explicación puntual sobre la forma en que se dio el incidente, pues de lo contrario quedan muchas dudas en el aire, en donde destacó un posible “acuerdo político” entre el gobierno de ese estado con la delincuencia organizada.

Döring Casar apuntó hacia lo inexplicable el hecho de que en una cárcel en donde está de manifiesto el autogobierno de los presos, sean recluidos reos de alta peligrosidad, como los que se fugaron, a menos, dijo, de que haya un acuerdo entre autoridades estatales y miembros de la delincuencia.

En alusión a las fugas anteriores que ya se han registrado en ese mismo penal, dijo el legislador que no se puede permitir que esos sucesos se conviertan en hechos cotidianos, y reconoció que “ya es una costumbre” ese tipo de fugas en el estado de Sinaloa, por lo que exigió un informe claro de la administración estatal.

Recordó que actualmente la bancada de diputados del PAN mantiene como presentadas dos iniciativas de ley para sancionar ejemplarmente a custodios y familiares que ayuden a la evasión de reos, mismas iniciativas que se encuentran en estudio en la Cámara de Senadores, para su retorno a la cámara de origen para su posible aprobación.

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