Negocios, el otro trasfondo de la pelea entre Samuel y el PRIAN
Por Mario Maldonado
La pelea a muerte que libran en Nuevo León el gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, y el llamado PRIAN (el PRI y el PAN estatal) tiene, además de un trasfondo político, uno económico: el control de un consorcio de parques industriales con un valor calculado en 3 mil millones de pesos.
Lo que a nivel nacional se vislumbraba como una estrategia del PRI y el PAN para evitar una posible colaboración entre Movimiento Ciudadano y Morena, en Nuevo Léon se veía como un intento del grupo encabezado por Adrián de la Garza de hacerse del control del gobierno para hacer negocios.
El exprocurador y excandidato al gobierno de Nuevo León presuntamente operó una estrategia en la Fiscalía y Poder Judicial local para hacerse del control de un consorcio de parques industriales con valor de 3 mil millones de pesos. Se trata de los bienes de Desarrollo Logistik SA de CV, operadora de zonas industriales en San Luis Potosí.
Sobre este caso existen disputas que datan de 2017, cuando un grupo de socios minoritarios buscaron hacer una toma hostil de las acciones pertenecientes al grupo mayoritario de accionistas, la familia del empresario Fernando Pablo Villarreal Cantú, quien posee 63% de las acciones del negocio y había propuesto disolver la sociedad, con la división del patrimonio y los pagos de diferenciales en proporción a la tenencia accionaria.
La propuesta no gustó a los accionistas minoritarios Juan Carlos López Rodríguez, José Luis Salas Cacho y Marcelo de los Santos Anaya. El 4 de octubre de ese año celebraron una Asamblea General de Accionistas simulada, según lo determinó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, con el propósito de diluir la participación accionaria de la familia Villarreal al 49%, con lo que luego procedieron a tomar las instalaciones de Desarrollo Logistik.
Al grupo de accionistas minoritarios, identificados en la sociedad como el Grupo SLP, se le conocen nexos políticos. Juan Carlos López fue funcionario de Aduanas durante la presidencia de Vicente Fox; José Luis Salas es un conocido panista de Nuevo León y Marcelo de los Santos Anaya es hijo del exgobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga. Los tres tienen una íntima relación con Adrián de la Garza y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Arturo Salinas Garza.
Aquí es donde se cruza la historia empresarial con la novela política. A la par de que Adrián de la Garza impulsaba a Arturo Salinas como primera opción para oficializarse como gobernador interino de Nuevo León, ambos personajes promovían una acción judicial para encarcelar a Fernando Villareal y a su esposa Blanca Ballesteros. En menos de 24 horas, durante la última semana de noviembre, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial estatal procesaron un expediente por supuesto fraude de más de mil fojas y liberaron órdenes de aprehensión contra la pareja y tres de sus hijos.
La acción penal que validaron los personajes en cuestión derivó de denuncias hechas por administradores de Desarrollo Logistik, las cuales, argumentan, carecían de legitimidad, además de que esos delitos habían recibido una determinación de No Ejercicio de Acción Penal por parte de la Fiscalía General de la República en 2021. La ventana de oportunidad fue aprovechada, aunque con el regreso de Samuel García al gobierno las cosas podrían cambiar.
Posdata 1
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidieron no esperar a enero próximo año para elegir a su nueva cabeza, pues ya estaba definido: de los magistrados y la magistrada que le dieron golpe de Estado a Reyes Rodríguez, uno ya fue presidente, Felipe Fuentes, y otro se descartó, Felipe de la Mata, por lo que solo quedaba la opción de Mónica Soto, a quien acusan de ser demasiado cercana al partido oficial, Morena. Como muestra la foto que le tomaron estos días en un restaurante con el morenista Sergio Gutiérrez Luna.
Como expusimos el jueves, las cosas pudieron haber tomado otro rumbo si se hubieran sacado en combo las designaciones de los nuevos magistrados del Tribunal Electoral, de los comisionados faltantes del Inai, de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la nueva ministra de la Corte, pero fallaron en las negociaciones Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez Aguilar.
Ojalá que Mónica Soto muestre independencia, porque en el TEPJF ya es costumbre dar “golpes de Estado” cuando las cosas no les gustan a unos cuantos de sus integrantes. Ya ha quedado demostrado que los magistrados y magistradas son igual o más grillos que los mismos políticos.
Posdata 2
Este fin de semana se realizó una sesión extraordinaria en el PAN, donde las y los consejeros definieron la lista de los 19 candidatos plurinominales al Senado para las elecciones de 2024.
Fue una sesión en la que se mostraron los esfuerzos de restauración y unidad que se han trabajado al interior del partido. La lista de candidatos incluye a personajes como Marko Cortés, actual presidente del PAN, y el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien recibió un apoyo unánime con 312 votos de 312 posibles. También están incluidas las legisladoras Karen Michel González, Lilly Tellez y Ana Teresa Aranda.
Otros de los candidatos son el exalcalde de Huixquilucan y líder de los diputados del PAN en el Estado de México, Enrique Vargas; el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y John Robert Hernández, secretario del Migrante de Guanajuato. Esta selección refleja una estrategia para consolidar al partido como la principal fuerza de oposición en México.
