Con la detención de dos exgobernadores, el PRI y el Gobierno federal buscan oxígeno no solo para las elecciones de este año, sino para la sucesión presidencial del 2018.

La detención del exgobernador priista, Javier Duarte, tiene un costo político para su partido, aunque esta institución política intente verlo como una acción que le representará un activo electoral.

Es a todas luces la oportunidad para sus adversarios políticos para llamar a cuentas al tricolor en plena época electoral y en un contexto que no es el mejor para el octogenario partido.

Aunque el PRI intenta desesperadamente que la captura de Javier Duarte de Ochoa sirva para salvar las elecciones de este año, en realidad podría resultarle contraproducente.

Mientras desde el tricolor se alaba la labor del Gobierno federal y de la Procuraduría General de la República (PGR), para otros la captura fue tardía y con una clara intención de influir en las elecciones, sobre todo en la del Estado de México.

“No es casualidad que en plenas campañas electorales se realicen detenciones que desde hace tiempo estaban pendientes”, soltó Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD.

La detención de Duarte se sumó a la de Tomás Yarrington, ocurrida en días pasados en Florencia, Italia. Dos capturas con las que el PRI busca tener oxígeno para el proceso electoral de junio.

Lo cierto es que las críticas hacia el PRI no han sido benévolas. Las dos candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, de Morena, y Josefina Vázquez Mota, del PAN, postearon en Twitter una imagen de su contrincante, el priista Alfredo del Mazo, abrazando a Javier Duarte en sus tiempos como gobernador.

Por su parte, Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, se colgó la medalla de la detención de Duarte, a pesar de que el exmandatario fue detenido por una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Rostro de la corrupción

Hoy día, el de Javier Duarte de Ochoa es uno de los principales rostros de la corrupción en México.

Gobernó Veracruz entre el 1 de diciembre de 2010 y el 12 de octubre del 2016, día en que pidió licencia, un mes y medio antes de que terminara su mandato. Se fue, según dijo, para enfrentar las acusaciones en su contra. Lo que en realidad hizo fue escaparse.

Días después de que pidió licencia, un juez giró una orden de aprehensión en su contra. Dos semanas después, el PRI lo expulsó de sus filas.

Duarte de Ochoa fue acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La PGR lo señala como la cabeza de una red a través de la que se desviaron cientos de millones de pesos del erario estatal.

La principal acusación contra Duarte se produjo después de que el portal Animal Político publicara una serie de reportajes detallando la forma en que empresas fantasma triangulaban recursos para beneficiar a prestanombres del exmandatario.

A partir de entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia contra Duarte, por la que fue concedida la orden de aprehensión que se concretó este 15 de abril.

Fue el comienzo de la investigación de la PGR, que tiempo después pudo documentar cómo la triangulación de recursos llegó hasta los prestanombres, a través de quienes Duarte compró ranchos y propiedades en México y en el extranjero.

Desde que se ordenó su aprehensión, las autoridades incautaron una serie de bienes y propiedades vinculados con Javier Duarte.

La PGR encontró dos ranchos de lujo, “Las Mesas” y “El Faunito”, y una colección de arte que incluía obras de Fernando Botero –que todavía no se autentificaba-, de David Alfaro Siqueiros, de Rufino Tamayo y de Leonora Carrington.

En uno de los departamentos vinculados con Duarte ubicado en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, las autoridades descubrieron 23 millones de pesos escondidos en cajas, así como centenarios.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer que se habían recuperado un jet y un helicóptero, además de otros inmuebles en Veracruz.

La Procuraduría tiene conocimiento, además, de que existen decenas de propiedades en Estados Unidos adquiridas a través de empresas fachada.

La PGR afirmó que seguirá investigando a los cómplices de la red de lavado de dinero que operaba Javier Duarte.

A partir del sábado que fue detenido, México tiene 60 días para pedir su extradición.

Contra la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, no existe ninguna orden de aprehensión ni se le sigue un proceso de investigación.

La obsesión de Yunes

La captura de Javier Duarte fue producto de la diligencia de la PGR en la investigación, pero también de la obsesión del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

Desde que asumió el poder, Yunes dedicó la atención de su gobierno a descubrir la forma en que operó Javier Duarte, y a presionar al Gobierno federal para que llevara a cabo la investigación contra el priista.

Incluso, ayer agradeció a la PGR y al presidente Enrique Peña Nieto por haber aprehendido al exmandatario lo que habla, dijo, de que no hay complicidad con Duarte.

“Me comprometí a que Duarte sería detenido y se le aplicaría la ley. Hoy está en la cárcel (…) Lo denuncié y está en prisión; cumplí mi palabra”, sentenció Yunes.

El gobernador afirmó que las acciones no concluyen con la detención de Duarte, pues faltan varias órdenes de aprehensión por ejecutar, procesos de desafuero en marcha y está pendiente recuperar la mayor cantidad de dinero posible de lo que se saqueó de las arcas públicas.

Héctor Yunes, senador por el PRI y excandidato a la gubernatura de Veracruz, criticó que Miguel Ángel Yunes se quiera llevar todo el mérito de la detención de Javier Duarte, cuando ni siquiera fue detenido por la denuncia que él interpuso.

“No es mérito de Miguel Ángel Yunes, y no se vale la rapiña política (…). No es mérito ni es medalla de Miguel Ángel Yunes.

“Hay que reconocer, en principio, que la denuncia fue presentada por la Auditoría Superior de la Federación contra el gobierno de Duarte y quienes resultaran responsables y, de ellos, de manera fundamental, resultó Javier Duarte. Entonces, quien denunció fue la Auditoría Superior y quien lo detuvo fue la PGR. En ningún caso intervino ni el fiscal del estado ni un policía del gobierno de Veracruz”, expuso Héctor Yunes en entrevista con El Financiero Bloomberg.

El senador por Veracruz celebró que el gobernador de su estado esté a favor de castigar a los corruptos, pues estos deben ser llamados a cuentas “aunque sean gobernadores”, lanzó.

El gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunes, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito, sin que hasta el momento haya sido llamado por las autoridades. El mandatario acusa que es una guerra sucia en su contra.

FuenteReporte Indigo
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