Alcaldes bajo fuego

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La ola de violencia que afecta al país también ha golpeado al gremio político. En lo que va del actual sexenio ya son 23 los alcaldes en funciones que han sido asesinados.

La mayor cantidad de ejecuciones se ha registrado en Oaxaca y Puebla, en donde ya suman casi la mitad de todos los asesinatos de ediles en todo el país, al registrar seis y cuatro ejecuciones respectivamente.

El caso más reciente ocurrió apenas este martes, cuando el edil de Huitzilan, Puebla, Manuel Hernández Pasión, fue acribillado en las inmediaciones del municipio de Zacapoaxtla, por un comando armado que lo emboscó con disparos de fusil AR-15, de los que son utilizados por las fuerzas policiales del Estado.

La lista de alcaldes en funciones asesinados en este sexenio, en donde aún faltan 13 meses para que concluya el periodo de gobierno, se acerca al número que se registró durante el mandato del presidente Felipe Calderón, cuando se contabilizaron en todo el país un total de 29 alcaldes ejecutados en ejercicio.

A la fecha, los estados que se inscriben dentro de la estadística de ediles asesinados, después de Oaxaca y Puebla son Michoacán, con tres ejecuciones, y Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Jalisco, Durango, Tamaulipas y Guanajuato con un homicidio por cada una de las entidades.

En la lista de homicidios gremiales la de los alcaldes ocupa el segundo lugar a nivel nacional, superada sólo por la de los periodistas que en lo que va de este sexenio ya llega a 73 comunicadores ejecutados. En el tercer lugar de los asesinatos por gremio se encuentran los sacerdotes, que hasta la fecha ya llega a 19 ejecutados y dos desaparecidos.

De acuerdo a Eduardo Alcántara Montes, de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), del 2006 a la fecha ya son 46 alcaldes en funciones los que han sido ejecutados, siete electos han corrido la misma suerte y otros 37 exediles han sido acribillados.

Las estadísticas de la ANAC revelan que los estados con mayor riesgo de muerte para los ediles son Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, seguidos por Chihuahua, Estado de México, Durango, Tamaulipas y Puebla, mientras que en menor medida pero también con riesgo aparecen Coahuila, Morelos, Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Nuevo León.

De todos los políticos locales ejecutados desde el 2006 a la fecha, entre acaldes electos, en funciones y exediles, los de militancia priista se han visto más afectados, revelan las estadísticas de la ANAC, en donde se contabilizan 42 políticos asesinados. Siguen los del PRD con 22 ejecuciones. Los del PAN registran 11 homicidios, mientras que los de otros partidos políticos suman en conjunto 15 ejecutados.

El año más violento para los ediles ha sido el 2010, cuando fueron asesinados 12 en activo, siguió después el 2011 con siete ejecuciones. En el 2013 y 2016 hubo seis asesinatos de presidentes municipales por cada año, en tanto que en el 2008 y 2009 se registraron cuatro por cada año.

Estadísticas de la ANAC revelan que los estados con mayor riesgo de muerte para los alcaldes son Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Edomex, Durango, Tamaulipas y Puebla

VÍCTIMAS DEL GREMIO POLÍTICO

De acuerdo a la Asociación Nacional de Alcaldes, del 2006 a la fecha:

46Alcaldes en funciones han sido ejecutados

 

7Ediles electos han corrido la misma suerte

 

37Exalcaldes han sido acribillados

 

42Políticos militantes del PRI fueron ultimados

 

22Militantes del PRD perdieron la vida

 

11Homicidios se cometieron contra militantes panistas

 

VARIABLES DE MUERTE

Según la Asociación Nacional de Alcaldes, las variables que hacen que incremente el riesgo para la autoridad municipal se finca en el bajo desarrollo institucional de los municipios, la precariedad económica, la falta de recursos para seguridad y la presencia del crimen organizado en esas regiones.

Esas variables son las que se atribuyen en los seis asesinatos de alcaldes en funciones que se registraron en el 2016, en donde perdieron la vida Domingo López, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas; Ambrosio Duarte, de Pungarabato, Guerrero; José María Zavala, de Huehuetlán El Grande, Puebla; José Villa Rodríguez, presidente del municipio de Ocotlán, Oaxaca; Gisela Mota Campos de Temixco, Morelos, y José Antonio Mayen, de Jilotzingo, Estado de México.

En lo que va del 2017, las variables reconocidas por la Asociación Nacional de Alcaldes también se manifestaron en las regiones en donde cayeron abatidos los alcaldes Antolín Vital Martínez, del municipio de Tepexco, Puebla; Stalin Sánchez González, de Paracho, Michoacán, y Manuel Hernández Pasión de Huitzilan, Puebla.

También por razones atribuibles al crimen organizado, el bajo desarrollo institucional y a la falta de recursos para la Seguridad Pública local, en el 2015 fueron ejecutados dos alcaldes, uno en funciones y otro apenas electo: José Alfredo Jiménez, presidente de Santa María Chimalapa, Oaxaca, y Rogelio Sánchez Galán, recién electo alcalde de Jerécuaro, Guanajuato.

‘CRIMEN POLÍTICO’ EN HUITZILAN

Tras el asesinato del alcalde Manuel Hernández Pasión de Huitzilan, Puebla, la primera organización que ha salido a manifestar su inconformidad por el hecho ha sido la organización Antorcha Campesina, de la que el occiso era miembro activo.

El dirigente de esa organización en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, dijo que el asesinato tiene móviles políticos.

“Era un presidente ejemplar que no tenía problemas con nadie y estaba encauzando al municipio hacia el desarrollo”, aseguró.

El propio Manuel Hernández Pasión, reconoció en el 2012 que en esa localidad existían enemigos del progreso, los que iniciaron una campaña de difamación en su contra, cuando apenas aspiraba a la presidencia municipal de esa localidad.

Como dirigente del movimiento Antorcha Magisterial y luego como alcalde, Manuel Hernández Pasión fue un firme oponente a los proyectos de desarrollo que se realizan en esa localidad, que tienen que ver con la instalación de una planta generadora de electricidad y la instalación de una mina a cielo abierto para la extracción de oro y plata que pretende la adjudicación de predios comunales.

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