Desvíos: El ADN Nacional

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Cada año se repite el ritual: la Auditoría Superior de la Federación entrega el Informe de la Cuenta Pública, que documenta el mal uso o la pérdida de miles de millones de pesos de dinero público, y nunca –o casi nunca- hay consecuencias.

En meses pasados se han destapado grandes casos de corrupción –que han implicado sobre todo a gobernadores-, y nadie está en la cárcel por estos hechos. Del dinero, ni hablar.

De las cuentas públicas del 2011 al 2015, han quedado pendientes de solventar un total de 216 mil 400 millones de pesos (mdp), que en parte pueden considerarse como un daño al erario público.

El propio titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, reconoce que ese dinero prácticamente puede darse por perdido.

“Difícilmente se puede recuperar 100 por ciento de esto. Son observaciones que, en muchos casos, no hay forma de recuperarlos. ¡Ya se los llevaron! Y aunque se pueda meter a la cárcel a alguien, ¿cómo se le quita el dinero? Ojalá se pueda recuperar lo más posible”, expresó el auditor ayer, tras entregar a diputados federales el Informe de la Cuenta Pública del 2015.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Veracruz. El exgobernador, Javier Duarte, fue acusado de desfalcar al estado por 35 mil millones de pesos durante su gestión. Portal considera que poco se puede hacer para que esos recursos vuelvan a las arcas nacionales.

“Tanto como recuperar (el dinero) lo veo difícil. Ojalá se pueda recuperar con lo que tiene el gobierno, la actual administración, que tenga recursos para poder reintegrar.

“Lo que veo complicado, en el caso de Veracruz, es que existan recursos suficientes para poder mantener y pagar los pasivos que tienen, ya no para devolver (…) Con qué lo van a devolver, no sé; pero parte se podrá recuperar”, apuntó.

Portal dijo que “siente” que los secretarios de finanzas, tesoreros y contralores de esa entidad 5 o 6 años para atrás, fueron partícipes del desfalco a la entidad y estuvieron permitiéndolo.

Y así como hay problemas en esa entidad, los hay en toda la Administración pública, tanto federal como estatal.

En la Cuenta Pública del 2015, Portal informó que se detectaron observaciones por alrededor de 165 mil millones de pesos; de ellos, 100 mil millones corresponderían al Gobierno central y 65 mil a los estados.

En los estados se detectó que 33 mil 339 mdp corresponden a subejercicios; mientras que la falta de 31 mil 745 mdp se debe a violaciones normativas y se presume un daño al erario.

Aunque se habla de miles de millones de pesos de daño a la Hacienda pública, la rendición de cuentas es casi nula.

Hasta el año 2015, la Auditoría Superior de la Federación había presentado 656 denuncias ante la Procuraduría General de la República por el mal uso del dinero público. Hasta ese momento, solo había 19 personas en la cárcel, por esos hechos. Es decir, la impunidad es del 97 por ciento para hechos de corrupción.

Desde el año 2000 hasta el 30 de enero de este año, la ASF ha presentado 741 denuncias penales. Y aunque el aumento ha sido exponencial durante la gestión de Juan Manuel Portal –han crecido más de mil 600 por ciento-, el índice de impunidad sigue imparable.

Las denuncias se topan con pared en la PGR, que lleva a cabo las investigaciones y donde se decide si un servidor público pisará o no la cárcel.

Para la Cuenta Pública del 2015, las denuncias penales comenzarán a presentarse en unas semanas, cuando se agoten los tiempos legales para aclaraciones y el posible resarcimiento de los daños.

Uno de los sectores más opacos es el de las obras públicas, donde se han detectado conductas irregulares ya por varios años consecutivos y que se han convertido en una puerta abierta para la corrupción.

Legislativo: Barril sin fondo

Como cada año, las dos Cámaras del Congreso de la Unión son dos de los entes donde se detecta un daño mayor a la Hacienda pública por el manejo opaco de sus recursos.

En el caso de la Cámara de Diputados, la Cuenta Pública del 2015 revela que mil 742 millones de pesos (mdp) que fueron asignados como subvenciones para los grupos parlamentarios se ejercieron en completa opacidad.

“No se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, expone el Informe.

No es el único recurso opaco. Como parte de sus prestaciones, los diputados federales reciben dinero mensualmente como concepto de Asistencia Legislativa –para contratar asesores-; Atención Ciudadana –para instalar casas de atención-; Informe de Actividades Legislativas; Contratación de Personal en sus Distritos y Apoyo para Transporte –para trasladarse a sus lugares de origen-.

Todas estas actividades se engloban en un concepto conocido como “Asignaciones para el Cumplimiento de la Labor Legislativa” y significaron un gasto de más de 697 mdp. De acuerdo con la norma que rige el gasto de la Cámara baja, basta con que el legislador firme de recibido el dinero o muestre la comprobación de la transferencia electrónica, para que se dé por comprobado.

En el caso de Apoyo para Transporte a sus lugares de origen, los diputados gastaron en conjunto 202 millones 522 mil pesos en 2015. Este gasto se hizo sin saber a ciencia cierta si los legisladores utilizaron o no ese dinero para ese propósito del cual, no pagan impuestos, pues no es considerado como un ingreso extra.

El Informe de la ASF revela que en marzo del 2015, la Cámara de Diputados firmó un convenio con la Secretaría de Hacienda para liberar 500 mdp del Ramo 23 para la conservación, reparación y el mantenimiento de su sede. El dinero fue entregado aún sin que se especificara en qué sería usado.

Finalmente, de ese dinero, solo el 44 por ciento se utilizó en lo que se planeaba.

El 49 por ciento -247 mdp- se utilizó para ampliar el gasto corriente, en cosas que van desde la compra de artículos de papelería hasta el pago de telefonía celular.

En el Senado también se caracterizaron por el manejo oscuro de miles de millones de pesos de dinero público.

En 2015 se registró que no pudo documentarse el destino final de mil 206 millones de pesos que se entregaron como subvenciones a los grupos parlamentarios porque no están obligados a transparentarlo.

El Senado también hizo un convenio con la Secretaría de Hacienda para que les entregara 249 mdp para la conservación, reparación y operación de su sede.

Sin embargo, el 94 por ciento de esos recursos -234 mdp- se utilizó para otras cosas.

Con ese dinero, pagaron sueldos, honorarios, aguinaldos, materiales, herramientas y se dieron otros 50 millones a los grupos parlamentarios. La opacidad absoluta.

Bajo la partida de “Vestuarios y Uniformes”, los senadores gastaron 259 mil pesos para mandar hacer 350 pines de plata con baño de oro de 14 kilates. El costo de cada pin fue de 740 pesos.

Además, la Cámara alta mandó hacer 400 bustos de bronce y 500 litografías numeradas y firmadas para conmemorar los 250 años del natalicio y bicentenario de la muerte de José María Morelos y de Belisario Domínguez, para lo que gastó 2 millones 192 mil pesos. En promedio, cada una de estas piezas tuvo un costo de 2 mil 435 pesos.

Igual que como ocurre en la Cámara baja, no puede comprobarse que el gasto en boletos de avión sea ejercido para cumplir con su fin original.

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