Todo indica que la era de los virreyes está terminando en México.

Como nunca antes, gobernadores y exgobernadores están siendo perseguidos por la justicia o, al menos, condenados por la opinión pública.

Investidos desde el año 2000 con un manto de poder absoluto en sus regiones, los gobernadores incrementaron su poder, al tiempo que el país comenzaba a experimentar la alternancia política.

Ante un poder que no se controlaba desde la Administración central, los mandatarios hacían y deshacían en sus entidades sin rendir cuentas; ahora, sin embargo, la suerte ya no les sonríe como antes.

Presionados por lograr buenos resultados electorales y preservar el poder, el Gobierno federal y el PRI han emprendido una cacería contra gobernadores y exgobernadores acusados de cometer delitos de corrupción y desviar cientos de millones de pesos para beneficio personal.

Como en ningún otro sexenio, son varios los gobernadores que ahora están encarcelados o sujetos a procesos judiciales; y esta circunstancia no va a ser desperdiciada desde el poder en un momento de tan baja credibilidad.

Los gobiernos de la impunidad

Lejos quedaron aquellos tiempos en que el candidato Enrique Peña Nieto se refería a los jóvenes políticos priistas que formaban la nueva generación de gobernadores.

“Son jóvenes, o actores, de la nueva generación política, el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, gobernador de Chihuahua; el gobernador de Campeche. Todos son parte de una generación nueva que han sido parte del proceso de renovación del partido”, dijo el entonces candidato presidencial en mayo del 2012.

Salvo el mencionado entonces gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, los otros tres personajes son requeridos por la justicia por haber cometido delitos de corrupción: el uso de recursos públicos con fines privados, el desvío de miles de millones de pesos del erario para sus cuentas personales o la compra de bienes para su beneficio, o la comisión de otros delitos que permitieran engrosar sus cuentas bancarias.

Y no son los únicos, pues se suman a otros mandatarios que han sido señalados por la justicia y que hoy se encuentran en prisión o son parte de un proceso judicial.

Ahí quienes han sido procesados: Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León; Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas; Narciso Agúndez Montaño, de Baja California Sur; César Duarte, de Chihuahua; y Roberto Borge, de Quintana Roo.

A quienes se suman quienes están en prisión: Andrés Granier, de Tabasco; Mario Villanueva, de Quintana Roo; Jesús Reyna, de Michoacán; Guillermo Padrés, de Sonora; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; y Javier Duarte, de Veracruz.

Varios de ellos han alcanzado su destino en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Muchos de quienes hoy ocupan las primeras planas de los diarios nacionales por sus hechos delictivos, ayer posaban sonrientes y abrazados a las primeras figuras de poder en el país.

Justicia invisible

El encuentro de mandatarios estatales con la justicia no se había visto en ningún otro sexenio.

Con el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cayeron dos gobernadores: en 1989, Xicotencatl Leyva, de Baja California, quien no apoyó su candidatura presidencial; y en 1992, Guillermo Cossío Vidaurry, de Jalisco, a quien se acusó de presunta negligencia en el caso de la explosiones de Guadalajara. Ambos solo pidieron licencia a sus cargos.

Con Ernesto Zedillo (1994-2000), pidieron licencia tres gobernadores: Eduardo Robledo Rincón, de Chiapas, en 1995 –tras solo dos meses de ejercer el cargo- porque el EZLN se negaba a dialogar con el Gobierno federal si él seguía en la gubernatura.

Sócrates Rizzo, de Nuevo León, en 1996, por escándalos de corrupción; y Rubén Figueroa Alcocer, de Guerrero, en 1996, porque organizaciones sociales lo señalaron como autor intelectual de la masacre de Aguas Blancas.

En abril de 1999, meses antes de terminar la presidencia de Ernesto Zedillo, el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Dos días antes de que terminara su periodo como mandatario estatal, huyó y no fue aprehendido sino hasta el 2001, ya en el sexenio de Vicente Fox.

Con Zedillo, los gobernadores comenzaron a pedir mayor libertad para manejar sus estados. Incluso, el entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, tuvo un enfrentamiento con el Gobierno federal. Fox se convertiría en el año 2000 en el primer presidente de la República del PAN.

Con Vicente Fox (2000-2006) se crearía la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), como un mecanismo de defensa de los gobernadores –mayormente priistas- que se habían quedado sin el patronazgo de un presidente de la República de su partido.

Con tal de mantener la estabilidad del país, Fox procuró respetar la independencia de los gobiernos estatales y darles recursos económicos para lo que solicitaran.

El modelo se repitió con el panista Felipe Calderón (2006-2012). Empañado por el conflicto electoral del 2006 y tratando de ganar legitimidad, el expresidente enfocó su relación con las entidades en los aspectos de seguridad; los gobernadores, por su lado, fueron objeto de un escaso control y aprovecharon para endeudar a sus entidades por generaciones enteras.

A pesar de los escándalos de mandatarios como el priista Humberto Moreira, de Coahuila, sobre quien pesaba la sospecha de actos de corrupción y supuestos vínculos con el crimen organizado, Felipe Calderón esperó hasta este 2017 para acusarlo públicamente.

“Cuando estaba el gobernador Humberto Moreira, todos los cabecillas de Los Zetas vivían cómodamente en el estado de Coahuila. Aquí vivía Lazcano, aquí vivía Miguel Treviño, aquí vivía el ‘Z42’; todos cómodamente”, lanzó Calderón apenas en marzo pasado.

Durante su gobierno, empero, Calderón no hizo nada contra Humberto Moreira. Prefirió “mantener la fiesta en paz”.

En 2011 fue detenido Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador de Chiapas (2000-2006), buscado por autoridades estatales por el presunto desvío de recursos públicos de la reconstrucción por el huracán Stan y hasta homicidio. Salazar argumentó que se trató de una persecución de su sucesor, Juan Sabines (2006-2012); estuvo en prisión un año y medio y después fue absuelto.

Narciso Agúndez Montaño, exgobernador de Baja California Sur, fue detenido en mayo del 2012 acusado de malversación de recursos públicos. Estuvo en la cárcel solo siete meses.

El cambio en la balanza

Desde el año 2000, los gobiernos estatales lograron más autonomía respecto al Gobierno federal, mayor libertad en el manejo del pre  supuesto estatal –que crecía año con año por las participaciones federales- y más influencia en su territorio para influir en las elecciones tanto locales como federales.

A partir del año 2012, sin embargo, la historia comenzó a cambiar. Los excesos cometidos en los gobiernos estatales dejaron de ser invisibles y gracias a mecanismos de transparencia y al impulso de la sociedad civil, algunas de estas conductas fueron dadas a conocer al público, lo que impidió que se mantuvieran en la impunidad.

Durante este sexenio, han sido sometidos a proceso más gobernadores que nunca en la historia del país; también, han sido encarcelados más que en ningún otro tiempo.

En junio del 2013 fue aprehendido Andrés Granier, exgobernador de Tabasco (2007-2012), acusado de defraudación fiscal y lavado de dinero. Está preso.

En abril del 2014, la Procuraduría General de la República detuvo a Jesús Reyna García, gobernador interino de Michoacán –quien sustituyó en el cargo a Fausto Vallejo entre abril y octubre del 2013-, acusado de presuntos vínculos con el grupo delictivo de Los Caballeros Templarios. Sigue en la cárcel.

Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes (2004-2010), fue detenido por unos días en julio del 2015, acusado de defraudación fiscal y peculado. Tras pagar una fianza, fue puesto en libertad.

En noviembre del 2016, se entregó a las autoridades el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés (2009-2015), quien está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Junto con él fue detenido su hijo, Guillermo Padrés. Ambos continúan en prisión.

En enero del 2017 fue detenido Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León (2009-2015), acusado de daño al patrimonio del estado, peculado y ejercicio indebido de funciones. Sin embargo, un juez ordenó su libertad unas horas después.

El 9 de abril de 2017 fue detenido en Florencia, Italia, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington (1999-2005), acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Está en prisión en ese país, esperando la extradición a Estados Unidos.

Finalmente, este 15 de abril fue detenido Javier Duarte, exgobernador de Veracruz (2010-2016) para enfrentar cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Fue detenido en Guatemala, donde espera su extradición a México.

¿La oportunidad del PRI?

Tal como lo dijera Juan Vargas, el personaje que encarna Damián Alcázar como el corrupto alcalde de San Pedro de los Saguaros en la película “La Ley de Herodes” (Bandidos Films, 1999), lo que debe interesar al PRI es mantenerse en el poder.

“Porque el reto para nuestro partido, por el bien del país, es estar en el poder por siempre y para siempre”, lanza Vargas, cuando ve cumplido su sueño de ser diputado federal, después de saquear un pueblo y asesinar a varias personas.

Como si se tratara de una película de ficción, para muchos todo indica que la captura de los exgobernadores es un intento desesperado por cumplir el deseo de Juan Vargas, pero en la realidad.

“No cabe duda que las detenciones de Tomas Yarrington y Javier Duarte fueron más un acto de legitimación del cual el PRI pretende salir beneficiado. Un acto de legitimación que ahora le permitirá cambiar el discurso oficial por uno que señale el ‘combate a la corrupción’, la ‘expulsión de los malos priístas’, la ‘imposición del imperio de la ley’ y, desde luego, recordarle a las y los votantes que esos priistas fueron malos –aunque hace unos años eran buenos- y que ahora los que están en campaña, estos ‘sí son los meros buenos’, aunque en unos años podamos referirnos a ellos como los peores”, acusó Dolores Padierna, coordinadora de los senadores del PRD.

Y todo apunta a que el Gobierno federal y el PRI no piensan desperdiciar la oportunidad de tener en prisión a algunos señalados como los personajes más corruptos de los últimos años.

“Quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Independientemente de lo que determine el poder Judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”, dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto en un acto público.

Los priistas han echado las campanas al vuelo y han reconocido el trabajo de la PGR. Prometen, que los corruptos no tendrán cabida en su partido.

“Por instrucción de @EnriqueOchoaR en @PRI_Nacional estamos limpiando la casa, estamos decididos a combatir la corrupción y la impunidad”, escribió ayer Arturo Zamora, secretario general de la CNOP, en su cuenta de Twitter (@arturozamora).

El tema principal de las elecciones de este 2017 ha sido la corrupción. Este año, el PRI se juega la gubernatura del Estado de México, su principal bastión.

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