México es el país de matar y las cosas están al revés. Es sencillo conseguir un arma ilegal, y es muy difícil que la policía investigue un asesinato, lo que da una suma de condiciones para que se cultive la impunidad.

La autoridad le apuesta al olvido. Es ineficiente el trabajo policiaco y de investigación para la atención de la “emergencia nacional”. Ni siquiera se contabilizan bien el número de los asesinatos.

En México una persona que muere a manos del crimen organizado se muere dos veces. Una por las balas, la otra por la impunidad. Su caso se vuelve uno más en un pila de carpetas que se empolvan. No hay diligencias efectivas, nadie pregunta qué pasó, nadie busca las huellas digitales para dar con las manos asesinas.

Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el país vive una crisis en la que ya no caben las excusas: Las autoridades del gobierno en todos sus niveles tienen que garantizar la justicia, es su obligación y para eso están en el poder.

“En el país sí estamos viviendo una crisis importante, como hacía un buen tiempo no se veía. Esta administración recibe el comportamiento del homicidio a la baja. A partir de agosto de 2012 el homicidio comienza a bajar y se mantiene por un buen periodo a la baja. Tan es así que esta autoridad federal utilizó el homicidio para medir sus avances y constantemente nos decían cómo iba avanzando, cómo iba bajando, presumiendo el éxito de que supuestamente este descenso se debía a estrategias de esta autoridad.

“Toda esa retórica que acompañó a una parte importante de esta administración ya se ha venido agotando, y tan ha sido así que lo que hemos visto en los últimos meses es este enorme número de homicidios que nos lleva a un repunte significativo en todo el país. No solo en la capital de la República, sino en todo el país, desde abril de 2015 empieza un comportamiento a la alza y así se ha mantenido. Ya vamos para dos años con un proceso de alza importante en el homicidio a nivel nacional”, manifestó Rivas en entrevista.

La efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los delitos federales es por alrededor del 15.7 por ciento. De 2013 a 2016 se tiene registro de 508 averiguaciones previas que ha iniciado la PGR para su investigación. De ellas, un conteo de Reporte Indigo con base en información oficial indica que en este mismo periodo sólo se lograron hacer 80 consignaciones.

En México ha habido en los últimos cuatro años asesinatos en los que debe intervenir el fuero federal. Se trata de los casos en los que se presume la participación de la delincuencia organizada. Son asesinatos de periodistas, activistas de los derechos humanos, hechos que tiene que tomar la PGR porque su investigación requiere del tratamiento de información vinculada con la actividad criminal.

Han sido mucho más las investigaciones que la PGR ha rechazado por incompetencia. En el mismo periodo se reportan 180 indagatorias que decidió no tomar, lo que representa en 35.4 por ciento de los casos.

Además, declaró el no ejercicio de la acción penal en 69 casos (13.5%) y reservó 179 averiguaciones previas (35.2%).

En este periodo se encuentran casos como la investigación por el caso de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, el juez asesinado en Metepec; el homicidio del alcalde guerrerense de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte; y el asesinato del periodista veracruzano Pedro Tamayo, por mencionar algunos.

La PGR ha ejercido además este año la facultad de atraer las investigaciones de los homicidios de los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui y Miroslava Breach, los tres asesinados este mes de marzo.

¡Auxilio!

Peticiones de medidas de protección de activistas y periodistas, por estado de la República

CDMX                   19

Veracruz              12

Guerrero             11

Edomex                9

Chiapas                7

Querétaro            7

Coahuila               6

Sonora                 6

Oaxaca                 4

Puebla                  4

Nuevo León         3

Michoacán            3

S.L.P.                    3

Campeche           3

Morelos               3

BC                       2

Tabasco               2

Sinaloa                2

Tamaulipas          2

Jalisco                  1

Nayarit                 1

Chihuahua           1

B.C.S.                  1

Q. Roo                 1

Zacatecas            1

Total: 114

Aceptadas

57

Periodistas

57

Protectores de DH

Rechazadas

17 solicitudes

 

‘Son mujeriegos o le deben a alguien’

Todos los periodistas son mujeriegos, tienen problemas con alguien o le deben dinero. Todas las líneas de investigación son factibles, excepto las de haber sido asesinados por algún asunto relacionado con su trabajo, lamenta Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

“Parece ser que todos los periodistas son jugadores, mujeriegos, todos tienen deudas, tienen alguna bronca con alguien. Por algún motivo, la culpa siempre es del periodista y eso nos parece muy desafortunado porque es, de nuevo, revictimizar, que sucede en muchas ocasiones. En el caso de los periodistas, esto apunta a esta falta de interés en rendirle cuentas a la sociedad y explicar qué está sucediendo alrededor de los delitos contra estos profesionales.

“La autoridad sale con cierta facilidad a decir que los motivos por los cuales se da el homicidio de periodistas son motivos personales. Cuando empiezas a ver, en muy pocos casos la autoridad hace una investigación seria que ponga en evidencia que el periodista está haciendo agredido y atacado por su profesión”, apunta el directivo de la asociación.

La problemática no es exclusiva del ámbito federal, sino que está en todos los ámbitos de gobierno.

“Una cosa que nosotros revisamos con mucho detalle cuando hicimos el estudio de homicidio, y específicamente tocamos el tema de homicidio a periodistas, lo que encontramos es que de alguna manera la autoridad se zafa de hacer un trabajo serio de investigación, y me refiero a todas las autoridades del país, no estoy señalando a la PGR en particular, lo que vemos es una forma bastante desfortunada del tratamiento que se les da a víctimas de homicidio que son comunicadores”, asegura.

El año pasado los asesinatos de reporteros se registraron en promedio de uno por mes en México. Este año, solo en marzo hubo tres casos que han conmocionado a la opinión pública —el columnista Ricardo Monlui y los reporteros Cecilio Pineda, en Guerrero, y Miroslava Breach, en Chihuahua— y, aunque ya fueron atraídos por las autoridades federales, hay un reclamo generalizado de justicia.

La organización Artículo 19 afirmó que en México la agresión a los periodistas o su muerte a tiros, como el caso de Miroslava Breach, corresponsal del diario La Jornada que fue asesinada en Chihuahua, no se castiga casi en ningún caso con una sentencia condenatoria.

Las cifras oficiales indican respecto a la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión que en algo más de seis años -de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016- hay reporte de 798 denuncias por agresiones contra periodistas y, de éstas, 47 fueron por asesinato y sólo hay tres sentencias condenatorias. Una, en el año 2012; y otras dos en 2016.

Los números revelan que el 99.7 por ciento de las agresiones no tienen una sentencia y los culpables siguen sin castigo.

No hay investigación

En las investigaciones por homicidio en México no hay un trabajo ni siquiera para la sistematización de los datos, mucho menos en los procedimientos de investigación, lo que hace evidentes las carencias en el desempeño de las fiscalías en todos los ámbitos de gobierno, asegura Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

“No hay un trabajo de construcción de investigación y eso lleva a que se caigan los casos y a que la autoridad aproveche para decir que no funciona el nuevo Sistema de Justicia Penal, cuando en realidad lo que no funciona es la operación de las procuradurías. No hay cifras muy exactas porque los casos son muy largos y las tasas de justicia no son tan fáciles de obtener precisamente porque es muy difícil darle el seguimiento puntual a los casos para entender qué tanto se tardan y qué tanto se logra castigar a un delincuente.

“Las autoridades en muchas ocasiones se concentran en justificar por qué los datos no son tan graves, en vez de buscar darle acceso a la justicia a las víctimas en este país. Si nuestras autoridades se concentraran en fortalecer las instituciones e implementar adecuadamente las normas que ellos mismos establecieron, tendríamos mucho más resultados respecto a estarnos diciendo por qué en realidad el homicidio no suma tanto o por qué las instituciones no son tan malas como pensamos”, critica Rivas.

La autoridad sólo busca excusas ante la falta de incapacidades del Estado mexicano para hacer justicia ante los asesinatos.

“Si uno voltea a ver los casos de Michoacán, Tamaulipas, también son casos relevantes por muchos motivos, por las condiciones de penetración de la criminalidad organizada, por la falta de recursos, por la falta de policías locales que coadyuvan al trabajo. Tienen debilidades institucionales muy grandes”.

Todos los estados tienen carencias, pero hay cuatro que tienen una emergencia para atender el problema, considera Francisco Rivas.

“Hay cuatro estados que no sé cómo van a resolver los problemas de violencia y penetración de la delincuencia: Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Michoacán. La penetración es muy fuerte. Lo que no quiere decir que los otros estados están mejor.

“En lo inmediato se tienen que generar las unidades de antropología forense, fortalecer periciales, porque hasta que no castigues, hasta que no sanciones a quien cometa un delito tú no vas a poder avanzar, vas a seguir manteniendo un problema de penetración de la delincuencia, debido al hecho de que quien cometa un delito no recibe una sanción y ello fomenta las conductas delictivas”.

Considera que hacen falta estrategias focalizadas, ya que “no se puede pensar que las condiciones de homicidio de Veracruz son exactamente las mismas que las de la Ciudad de México, o que las de Guanajuato son las mismas que las de Tamaulipas, en muchos casos podemos hablar de criminalidad, en muchos casos podemos hablar de delincuencia organizada, feminicidio, violencia urbana, pero tienen connotaciones particulares y no reconocerlas te hace fallar las estrategias”.

Además, hay un elemento que en todo este entramado ya problemático aparece como una infección difícil de curar: la corrupción.

“Hasta que no se combata la corrupción difícilmente vamos a avanzar, hasta que no haya un trabajo serio por blanquear las instituciones, por contar con policías y procuradurías que sean confiables, no vamos a avanzar. Otro aspecto de mediano o largo plazo es comenzar a pegarle al recurso de los delincuentes. En México el número de incautaciones, de combate y de uso de inteligencia financiera en contra de los delincuentes es mínimo”.

El caso emblemático es el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien estuvo tres veces en una cárcel mexicana, pero jamás se le quitó el dinero.

Y en Estados Unidos, una vez que llegó extraditado, la fiscalía fue lo primero que reclamó.

“Un delincuente entra a la cárcel y desde la cárcel puede tranquilamente seguir delinquiendo porque puede comprar la seguridad, puede comprar la justicia o puede introducir materiales prohibidos al penal, puede construir su casa dentro del penal, puede entrar y salir cuando se le pegue la gana, puede construir túneles y no pasa nada”, señala.

El incremento en el número de homicidios en el marco de esta crisis nacional está vinculado con la facilidad para que cualquier persona pueda adquirir un arma ilegal en México.

“Otro factor que ha reconocido la autoridad en varias ocasiones es que el aumento del homicidio está relacionado con un aumento de la disponibilidad del comercio ilegal de armas. Se ha vuelto mucho más fácil comprar armas ilegales en nuestro país. La pregunta sería qué está haciendo el Estado mexicano para combatir el comercio ilegal de armas y el tráfico ilegal de armas.

“Los gobiernos locales deberían estar muy preocupados por combatir el comercio ilegal y el Gobierno federal deberá preocuparse por combatir el tráfico ilegal”, afirma Rivas.

Enero, récord de asesinatos

En enero ocurrieron mil 938 homicidios dolosos y es considerado, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) el tercer mes con mayor cantidad de homicidios dolosos del actual sexenio. De estos casi 2 mil asesinatos, 67.80 por ciento se efectuaron con un arma de fuego, según los registros oficiales obtenidos tras las denuncias.

“En enero de 2017, en promedio, cada 23 minutos y 2 segundos se inició una carpeta de investigación por homicidio doloso en México”, indica el ONC. Esta cantidad de carpetas de investigación generó un récord para un mes de inicio de año.

“La cantidad de carpetas de investigación por homicidios dolosos registradas en enero de 2017 es mayor que la de enero de 2016 en 34.40%. Para el primer mes de cada año se tiene que enero de 2017 es el máximo nivel de carpetas registrado desde que se tienen cifras oficiales, es decir, desde enero de 1997”, señala en su estudio el Observatorio.

En lo referente al homicidio del fuero común, en México el Semáforo Delictivo -organización que toma las estadísticas oficiales para hacerlas más fáciles de entender con referencia en las luces del semáforo- indica que los casos van en incremento y por lo tanto están en rojo (nivel de alerta).

FuenteReporte Indigo
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