El Ejecutivo Federal quiere evitar que el Ministro Javier Laynez se haga cargo de la acción de inconstitucionalidad contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF), al tiempo que retrasa el trámite de dicho juicio en la Suprema Corte de Justicia.
María Estela Ríos, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), pidió este jueves que Laynez se excuse de seguir conociendo de la acción 214/2023, promovida por senadores de Oposición para invalidar la reforma legal que elimina fideicomisos judiciales que suman 15 mil 800 millones de pesos.
Las razones que sustentarían la excusa aún no son públicas, pero ayer mismo, la Presidencia de la Corte turnó el expediente al Pleno para que resuelva la procedente. La excusa es una figura legal distinta del impedimento y, en teoría, el propio Laynez es el que tendría que plantearla.
Hasta ahora, la Corte no ha notificado si Laynez ya admitió a trámite la acción, pero el Ministro no podrá seguir realizando actuaciones en ese expediente hasta que se aclare la supuesta excusa.
Este año, Laynez fue el instructor en la controversia que eliminó el llamado Plan B de reforma electoral impulsado por el Gobierno, y ha sido un voto consistente en el bloque mayoritario que ha anulado varias reformas inconstitucionales.
Plantear impedimentos o excusas, sin importar si existe alguna razón sólida para argumentar que el juez no será imparcial, es una de las tácticas dilatorias más socorridas por los litigantes en México. Es la segunda vez en menos de dos meses que el Gobierno la utiliza en asuntos relevantes.
A finales de septiembre, la Secretaría de Energía (Sener) promovió el impedimento de los Ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán en dos amparos que la Segunda Sala estaba a punto de conceder a empresas privadas contra la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica. Los impedimentos no han sido resueltos por la Primera Sala.
En el caso de los fideicomisos, la estrategia del Ejecutivo parece ser, por una parte, retrasar el trámite de esta acción, que puede llevar a la invalidez total de la reforma a la Ley Orgánica del PJF, y por la otra, presionar a la Corte para que revoque las suspensiones que varios jueces federales ya han concedido para detener la extinción de los fideicomisos, en amparos promovidos por personal judicial.
Hasta ahora, se han concedido al menos siete suspensiones, pero solo una es definitiva y abarca solo cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no los seis de la Corte, mientras que, en los demás amparos, los jueces resolverán la próxima semana las suspensiones definitivas.
Ríos, quien este miércoles fue nominada por el Ejecutivo para convertirse en Ministra de la Corte, también ha solicitado la atracción de estos amparos, pero la presidenta Norma Piña ya aclaró que el máximo tribunal solo puede atraer recursos contra las resoluciones que los jueces vayan dictando, más no está facultada para hacerse cargo del trámite de los procesos.
Confirma tribunal suspensión provisional
El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa se convirtió este jueves en el primero de esa jerarquía que confirma una suspensión provisional para detener la extinción de los fideicomisos.
Por unanimidad, los magistrados Guillermina Coutiño, Jocelyn Mendizábal y Juvenal Carbajal, declararon infundados tres recursos de queja del Ejecutivo y del Congreso contra la suspensión concedida el 8 de noviembre por la jueza Blanca Lobo, quien el 23 de noviembre resolverá si otorga suspensiones definitivas.
Los magistrados no hicieron comentarios durante la sesión pública del tribunal, que tampoco ha publicado las versiones completas de las sentencias.
Otros dos tribunales colegiados que han recibido quejas similares contra suspensiones, incluida otra que otorgó la jueza Lobo, optaron por solicitar a la Corte que atraiga los recursos, pero estos quedarán sin materia cuando los juzgados resuelvan sobre las suspensiones definitivas.
El Gobierno alega que jueces y magistrados federales están impedidos para conocer de estos amparos, pues son beneficiarios directos de los fideicomisos, en particular uno del CJF que les garantiza pensiones complementarias superiores a las que les paga el ISSSTE.
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