Nacido en San Miguel Allende, Guanajuato, miembro del PAN desde 1996, Luis Alberto Villarreal es un personaje que no puede pasar desapercibido. Su carrera política lo ha tenido siempre con un pie en el escándalo. Y cuando parece políticamente desahuciado, siempre se las ingenia para resurgir… y para meterse en otro problema. Ha coordinado campañas, ha sido regidor, presidente municipal, senador, diputado federal.
Villarreal fue el coordinador de la bancada panista en el periodo legislativo que arrancó en el año 2012, la que se volvió tristemente célebre por la cultura de “los moches” en el marco del Pacto por México. A él se le identificaba como visitante asiduo a la Torre de Pemex, que encabezaba Emilio Lozoya. En agosto del 2014 tuvo que dejar la coordinación en medio del escándalo de los “dipu-tables”. Luis Alberto Villarreal baila cuando el grito “¡ánimo, Montana!”, letal en un partido que presume en las elecciones valores familiares que contrastaban con esa fiesta privada.
Después de ese episodio se pudo pensar que su carrera política estaba sepultada. No. Se refugió en su tierra para resurgir: se volvió presidente municipal de la jugosa plaza de San Miguel de Allende por segunda vez —lo había sido en 2003—, no se pudo reelegir como alcalde en 2021 pero el motor de su siguiente resurrección fue su relación personal con una prometedora política de Aguascalientes: Tere Jiménez, alcaldesa de la capital del estado y luego candidata a gobernadora. Durante la campaña, él y su hermano Ricardo —también exalcalde de San Miguel de Allende y exdiputado federal— coordinaban, operaban, pasaban la charola, administraban los recursos. Se enfrentaron con el gobernador —panista también—, le ganaron el pulso, se quedaron con la candidatura para Tere —que era la parte más difícil— y vencieron cómodamente en la elección gubernamental.
Hoy, Luis Alberto Villarreal es el flamante esposo de la gobernadora de Aguascalientes y se ha convertido en el poder tras el trono en el estado. Un poder que ha crecido vertiginosamente y que hoy causa enojo entre diversos sectores del estado, lo mismo políticos que empresariales, que se quejan de que es quien reparte el pastel: que coloca funcionarios estratégicos, tiene mano en la Fiscalía, es el interlocutor con la dirigencia nacional panista, recibe proveedores, reparte contratos, determina asignaciones directas, encauza licitaciones… y no lo hace gratis.
Una especie de oposición perfecta para López Obrador de cara al 2024. Con esas prácticas y la fama que se han ganado, se muestran vulnerables para que el gobierno federal los “apriete” con denuncias e investigaciones y logre doblarlos frente a Morena en las elecciones.
¿A quién le dicen Bobby y reparte contratos en el gobierno federal?
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