El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentará una queja contra Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Enlistándolo entre tres casos en los que miembros del Poder Judicial han frenado la impartición de justicia y el cobro de 80 mil millones de pesos en impuestos.
En la conferencia mañanera de López Obrador, el procurador fiscal Félix Arturo Medina informó que “una empresa de gran tamaño con presencia nacional” dejó de pagar 25 mil millones de pesos en los años 2010, 11 y 13. Pese a que ya hay jurisprudencias, ahora solicita la facultad de atracción de la Suprema Corte para obstaculizar el pago de estos adeudos.
“En los últimos ocho meses el ministro Luis María Aguilar, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por la empresa, pidió al Pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos”, explicó Medina al señalar que, por esta razón, se presentará una queja contra el integrante de la Suprema Corte.
Estos señalamientos contra el ministro Aguilar se dan luego de que otorgó la suspensión contra la distribución de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chihuahua ante la controversia constitucional interpuesta por la gobernadora panista María Eugenia Campos. Medida que fue criticada por López Obrador.
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Jueces no agendan audiencias para el cobro de otros 55 mil millones
El procurador fiscal incluyó al ministro Aguilar entre los impartidores de justicia que “han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia”. Lo que ha significado impunidad en el cobro de otros 55 mil millones de pesos acumulados en 17 asuntos de grandes contribuyentes.
Sin mencionarlos por nombre, acusó que “los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia“. Siendo que, en 14 de los 17 casos mencionados, no se han realizado las audiencias iniciales puesto que los jueces de control simplemente no agendan las fechas y los lugares para sus celebraciones.
Completando los 80 mil millones de pesos que serían destinados a programas sociales y obras públicas, Medina también señaló el caso de “un empresa del Bajío” que cometió defraudación fiscal por casi 300 millones de pesos. Los cuales tampoco han podido ser recaudados debido a los bloqueos por parte del Poder Judicial.
En particular, siendo que Eduardo Alberto Osorio Rosario, juez que sistemáticamente se ha dedicado a emitir fallos contrarios a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda e incluso criterios de la Suprema Corte. Por lo cual se interpondrá “una queja administrativa, incluso una denuncia” en su contra.
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